España se enfrenta en los próximos años a su mayor reto energético: entre 2019 y 2028 todas las centrales nucleares y térmicas del país deben llegar al final de su vida útil.

Esto no sería un problema de no ser porque la energía nuclear cubre el 21% y la energía térmica un 17% de la demanda energética del país.

En total, las centrales nucleares y térmicas de carbón suponen un 9,7% del total instalado en España, con 7.117 MW las centrales nucleares y 10.000 MW las segundas. Esta dependencia de las energías contaminantes es debida a que la implantación en energías renovables es insuficiente para satisfacer toda la demanda a día de hoy, además de que son energías que dependen de las condiciones atmosféricas.

 

El impulso de las renovables, el fin del “impuesto al sol”, la futura ley de cambio climático que no terminó de ver la luz en la pasada legislatura y el final de las térmicas de carbón definirán el nuevo ciclo español que ha de cumplir el Acuerdo de París. La nueva ley incorporará objetivos para recortar las emisiones de gases contaminantes, y dotará a España de las herramientas para llevar a cabo una descarbonización de la economía.

 

España ha perdido el liderazgo mundial que mantuvo hasta el 2010 en energías renovables, pero los costes de generación con fuentes renovables han caído drásticamente en los últimos años y ya no son necesarias las primas para su impulso.

A día de hoy ya nadie duda de la madurez de tecnologías como la eólica y la solar, y muestra de ello fueron los resultados que arrojaron las tres subastas renovables que se celebraron los últimos años.

Con la Nueva Ley de Transición energética España, se alinea con el resto de países europeos en cuanto a energías renovables y eficiencia energética.

Objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima

El futuro energético vendrá determinado por el PNIEC, (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) cuya primera versión fue enviada por el Gobierno el pasado febrero a la Comisión Europea.

En él, se definen los objetivos nacionales de reducción de emisiones de efecto invernadero, la incorporación de las energías renovables y las medidas de eficiencia energética. Aun así, este plan, al igual que el que han enviado todos los Estados Miembros será revisado por la Comisión Europea para ver si efectivamente se ajusta a los criterios de Política Energética de la Unión y tratará con España en un proceso de diálogo la aprobación de la versión definitiva a finales de año.

 

Los objetivos del PNIEC se basan en la reducción de un 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, alcanzar un 42% de energías renovables sobre el consumo total de energía y una mejora del 39,6% de la eficiencia energética del país con un 15% de interconexión eléctrica de los Estados miembros.  Además, incluye un proceso hacia una economía descarbonizada, convirtiendo a España en un país neutro en carbono en 2050. El plan prevé para el año 2030 una potencia instalada de 157 GW en el sector eléctrico, de los que 50 GW serán energía eólica, 37 GW solar fotovoltaica, 27 GW ciclos combinados de gas, 16 GW de hidráulica, 8 GW, 7 GW solar termoeléctrica y 3 GW de nuclear.

 

Las centrales de carbón producirán su cese debido a que será muy complicado que puedan competir frente a otras tecnologías, debido a que el coste por los derechos de emisiones de CO2, son cada vez más altos y los nuevos criterios fijados por la UE para recibir los pagos por capacidad, los cuales se han vinculado a sus niveles de contaminación. Al mismo tiempo, la disminución de los costes de las energías renovables y del almacenamiento, está alterando de manera importante la rentabilidad de cada tecnología, lo que inevitablemente conllevará a la desaparición del carbón.

Otra importante medida que llevará a la deseada descarbonización de la economía es la electrificación del transporte en donde se calcula que habrá 5 millones de vehículos eléctricos en 2030 para lo cual será necesario un amplio y ambicioso programa de despliegue de una red de infraestructuras de recarga de dichos vehículos.

El papel del consumidor

Otro de los objetivos de este plan, es que todos los estados garanticen a los consumidores el derecho a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable. La transición hacia una democratización del sistema energético ofrece nuevas oportunidades a que quienes antes eran solo consumidores hoy pueden ser agentes proactivos. Estos nuevos actores y el desarrollo del autoconsumo, así como la derogación del “impuesto al sol”, favorecen la descarbonización de la economía. La rehabilitación energética de edificios y el impulso del autoconsumo compartido serán piezas fundamentales con las que se pretenderá mejorar y mitigarán las situaciones de vulnerabilidad y pobreza energética.

Para una efectiva inclusión del consumidor en parte del sistema energético será necesario la implantación de programas de divulgación a la ciudadanía, así como el derecho a acceder a sus propios datos de consumo energético.

Todas estas medidas presentan un escenario en el que las energías sostenibles serán la principal fuente de producción, con el consumidor como protagonista eligiendo si desea producir su propia energía y comprendiendo el funcionamiento del mercado eléctrico para poder escoger la opción más óptima para su consumo.

Se augura, por tanto, una nueva etapa llena de retos y oportunidades, que cambiarán el sector energético tal y como lo conocemos y vamos a tener la suerte de vivirlos de lleno.